DESARROLLO EL GUAFAL
A finales de la década del 70 y principios de los ochenta (1979-1980) una familia de empresarios y
luchadores sociales atendiendo a una inquietud patriótica y social decidieron
invertir en un proyecto de construcción de viviendas de interés social dadas
las circunstancias de déficit de éstas primordialmente en las clases más desposeídas y necesitadas.
Es así como nace la empresa Urbanizadora El Guafal C.A., la cual adquiere unos
terrenos (aproximadamente 200 has.) en
la vía de San Sebastián de los Reyes-San Juan de Los Morros (Km. 4,5)
pertenecientes a la finca El Samán
y conocidos como Potrero El Guafal, debido a su caño que en una época se
cubría de guafas.
Así pues éste grupo familiar inició un proyecto
ambicioso de 2.200
de viviendas unifamiliares de interés social, comprendiendo todos los
servicios, incluyendo Iglesia, Centro Comercial, Escuelas, etc., etc.
Dicho proyecto fue íntegramente aprobado por las autoridades competentes y se inició con todo el ánimo de entregarle a la comunidad esas viviendas o soluciones habitacionales que mejoraría la calidad de vida de los habitantes de la zona de influencia del sitio de ubicación. Siendo a su vez la zona de expansión y crecimiento de la capital del Estado Guárico.
De esta manera, en la medida que se hicieron los trabajos y ya el grupo familiar mencionado había invertido una cantidad importante se logró un financiamiento con la E.A.P. Guárico-Apure la cual se encontraba intervenida por el BANAP.
Así pues, en la medida que avanzaban los trabajos conducentes a generarle soluciones habitacionales al pueblo guariqueño y también aragüense habían inconvenientes en los pagos a tiempo de las valuaciones que se presentaba a la entidad mencionada dado que aparentemente según trascendía en el ambiente dicha tardanza la causaban supuestas negociaciones que hacían los altos directivos del BANAP con los fondos destinados al financiamiento del la Urbanización El Guafal desviando esos dineros a presuntas mesas de dinero que aportaban ricos ingresos a los responsables de manejar dichos fondos.
De ésta manera, la empresa Urbanizadora El Guafal C.A. tuvo que intentar acciones legales derivadas del contrato de financiamiento contra la E.A.P. Guárico-Apure y el BANAP por incumplimiento del contrato del mismo. Aquí se produjo la acción rebote y en una típica actuación de terrorismo judicial de la época se inició una persecución contra los directivos de la empresa promotora del desarrollo de interés social convirtiéndolos en unas verdaderas víctimas de la mencionada cuarta República .
Ahora bien, quizás éste no es el momento para contar anécdotas ni reseñar las actuaciones júdico-terroristas que se llevaron a cabo contra los mencionados directivos, quienes habiendo invertido grandes cantidades de dinero contemplaban con tristeza y rabia a la vez la impotencia contra el Estado poderoso de poder reclamar lo suyo.
Nos limitaremos a la situación actual. Los terrenos de El Guafal que corresponden a lo que sería la 2ª, 3ª, y 4ª etapa del desarrollo original en el cuál se está reformulando un proyecto para unas 3.000 unidades de viviendas ajustadas a la realidad actual, desarrollo que ya cuenta con el financiamiento correspondiente otorgado a una Fundación a través del Ejecutivo Nacional no debería detenerse por cuestiones políticas dado que se entraba con un supuesto desarrollo de 168 viviendas promovida por la Alcaldía de San Juan. Sin duda alguna es loable querer darle vivienda a 168 familias, pero sin duda alguna, lo es más darle soluciones habitacionales a 3.000 familias. La solución es sencilla, se podrían reubicar las futuras 168 viviendas en un área de 5 hectáreas dejando así la posibilidad de darle las 3.000 viviendas a las 3.000 familias que están esperando ávidamente la construcción de dicho proyecto lo más pronto posible, sin afectar a las 168 familias que tienen prometido por la Alcaldía entregarle sus casas.
Dicho proyecto fue íntegramente aprobado por las autoridades competentes y se inició con todo el ánimo de entregarle a la comunidad esas viviendas o soluciones habitacionales que mejoraría la calidad de vida de los habitantes de la zona de influencia del sitio de ubicación. Siendo a su vez la zona de expansión y crecimiento de la capital del Estado Guárico.
De esta manera, en la medida que se hicieron los trabajos y ya el grupo familiar mencionado había invertido una cantidad importante se logró un financiamiento con la E.A.P. Guárico-Apure la cual se encontraba intervenida por el BANAP.
Así pues, en la medida que avanzaban los trabajos conducentes a generarle soluciones habitacionales al pueblo guariqueño y también aragüense habían inconvenientes en los pagos a tiempo de las valuaciones que se presentaba a la entidad mencionada dado que aparentemente según trascendía en el ambiente dicha tardanza la causaban supuestas negociaciones que hacían los altos directivos del BANAP con los fondos destinados al financiamiento del la Urbanización El Guafal desviando esos dineros a presuntas mesas de dinero que aportaban ricos ingresos a los responsables de manejar dichos fondos.
De ésta manera, la empresa Urbanizadora El Guafal C.A. tuvo que intentar acciones legales derivadas del contrato de financiamiento contra la E.A.P. Guárico-Apure y el BANAP por incumplimiento del contrato del mismo. Aquí se produjo la acción rebote y en una típica actuación de terrorismo judicial de la época se inició una persecución contra los directivos de la empresa promotora del desarrollo de interés social convirtiéndolos en unas verdaderas víctimas de la mencionada cuarta República .
Ahora bien, quizás éste no es el momento para contar anécdotas ni reseñar las actuaciones júdico-terroristas que se llevaron a cabo contra los mencionados directivos, quienes habiendo invertido grandes cantidades de dinero contemplaban con tristeza y rabia a la vez la impotencia contra el Estado poderoso de poder reclamar lo suyo.
Nos limitaremos a la situación actual. Los terrenos de El Guafal que corresponden a lo que sería la 2ª, 3ª, y 4ª etapa del desarrollo original en el cuál se está reformulando un proyecto para unas 3.000 unidades de viviendas ajustadas a la realidad actual, desarrollo que ya cuenta con el financiamiento correspondiente otorgado a una Fundación a través del Ejecutivo Nacional no debería detenerse por cuestiones políticas dado que se entraba con un supuesto desarrollo de 168 viviendas promovida por la Alcaldía de San Juan. Sin duda alguna es loable querer darle vivienda a 168 familias, pero sin duda alguna, lo es más darle soluciones habitacionales a 3.000 familias. La solución es sencilla, se podrían reubicar las futuras 168 viviendas en un área de 5 hectáreas dejando así la posibilidad de darle las 3.000 viviendas a las 3.000 familias que están esperando ávidamente la construcción de dicho proyecto lo más pronto posible, sin afectar a las 168 familias que tienen prometido por la Alcaldía entregarle sus casas.
(LAMENTABLEMENTE EL TERRORISMO JUDICIAL HA EXISTIDO EN VENEZUELA SIEMPRE, POR SUPUESTO ANTES DE 1999 DE UNA MANERA ENCUBIERTA, A PARTIR DE 1999 DE UNA FORMA DESCARADA Y CRIMINAL)
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